Hecha la ley, hecha la trampa. Los conductores de Bolt en Cataluña han respondido a la nueva legislación sobre el mercado de los VTC incorporando “medidas extraordinarias” para poder cumplirla, colocando extensiones homologadas en sus coches para cumplir con la norma.

La nueva legislación del Gobierno de Cataluña aprobada en verano de este año obliga a que los coches de las VTC tengan un mínimo de 4,90 metros de longitud para poder prestar servicios urbanos, una condición que solo cumplen algunos turismos de alta gama y las furgonetas de pasajeros.

La regulación “pone en riesgo de desempleo a 4.000 familias a la vez que perjudica la ya hiper regulada oferta de movilidad en la ciudad”, advierten al tiempo que señalan que “los autónomos y las PYMES no pueden hacer frente a la inversión necesaria para adquirir estos vehículos, por lo que se las han tenido que ingeniar para intentar salvar sus trabajos”.

El ingenio de estos profesionales se ha traducido precisamente en la incorporación de extensiones homologadas en los coches de manera que alcancen el tamaño exigido por la nueva normativa.

“Desde nuestra llegada a la ciudad de Barcelona, la demanda nos ha demostrado que el sector del taxi y de las VTC no compiten, sino que se complementan y ambos son necesarios”

“Necesitamos un marco regulatorio que esté centrado en el ciudadano y en contra del enemigo común que es el coche privado. Este tipo de medidas que decantan la balanza hacia un lado, tratando de expulsar del mercado a determinadas alternativas, no son positivas ya que agravan la falta de oferta de transporte que ya hay en la ciudad, crean un conflicto innecesario y es una amenaza para el empleo”, apunta Daniel José Georges, director para VTC y Taxis de Bolt. “No nos cansamos de decir que, desde nuestra llegada a la ciudad de Barcelona, la demanda nos ha demostrado que el sector del taxi y de las VTC no compiten, sino que se complementan y ambos son necesarios”, asegura Georges.

Andalucía estudia una regulación similar a la catalana

En este contexto, actualmente solo dos comunidades autónomas han regulado el mercado de los VTC en España con posiciones totalmente opuestas: Madrid apoya al sector mientras que Cataluña se opone. A ello se suma Andalucía, que se encuentra elaborando un borrador de su propia regulación en el que barajan la implementación de restricciones parecidas a las que el sector ha denunciado en Cataluña.

“No tiene sentido que el gobierno de Andalucía, que siempre se ha mostrado favorable a un marco regulatorio pro competencia, se contradiga y siga ahora las medidas radicales implementadas en Cataluña”, advierte el directivo de Bolt.

En el último borrador, se prevén medidas como una longitud mínima de 4,70 metros de los vehículos, la creación de múltiples zonas vetadas al acceso de las VTC o la aprobación de un permiso autonómico que reduciría el número de operadores de manera significativa.