El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva partida presupuestaria de 1.157 millones de euros destinada a reforzar las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa en España.

Esta decisión se encuadra dentro del Plan Nacional de Ciberseguridad y del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, anunciado por Pedro Sánchez hace solo unas semanas con el que busca aumentar la inversión en Defensa para alcanzar el 2% del PIB.

“Nuestro deber como Gobierno es aprovechar las ventajas de la revolución digital con el mismo esmero con el que nos protegemos de sus desafíos”

El Ejecutivo ha justificado su decisión asegurando que durante el año 2024, España registró más de 100.000 ciberataques, con una frecuencia de un ataque considerado muy grave cada tres días. Desde 2015, este tipo de incidentes ha aumentado un 300%, lo que subraya la urgencia de adoptar medidas estructurales. Según ha asegurado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, “nuestro deber como Gobierno es aprovechar las ventajas de la revolución digital con el mismo esmero con el que nos protegemos de sus desafíos”.

Este refuerzo presupuestario pretende ampliar la protección de los servicios públicos y la información sensible y blindar las infraestructuras críticas del país ante amenazas cada vez más sofisticadas. La evolución del contexto geopolítico global y el desarrollo de tecnologías disruptivas exigen una respuesta institucional firme y sostenida.

Principales líneas de actuación

El nuevo paquete de medidas incluye acciones orientadas a la prevención, detección, protección, respuesta y recuperación ante incidentes de ciberseguridad. Entre las iniciativas destaca la consolidación del Centro de Operaciones de Seguridad 5G (SOC 5G), que supervisa el cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad aplicada a redes de quinta generación. Este centro apoya a operadores, fabricantes, administraciones y usuarios corporativos.

Asimismo, se reforzará la ciberresiliencia de los sistemas digitales de la administración pública mediante auditorías automatizadas y se integrarán técnicas avanzadas de inteligencia artificial para la detección temprana de ciberataques. Se potenciará, además, la coordinación entre los distintos Centros de Operaciones de Ciberseguridad, tanto públicos como privados, y se desarrollarán sistemas de alertas tempranas en el ámbito de la defensa digital.

Otro de los ejes del plan es la promoción de la investigación y la colaboración con universidades para el desarrollo de nuevas herramientas y conocimientos en ciberseguridad.

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Cómo se distribuirán los 1.157 millones

La inversión total se distribuirá entre varios órganos de la Administración, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada y multisectorial. El 60,4% del presupuesto será gestionado por el Ministerio de Defensa, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro Criptológico Nacional (CCN), el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) y el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC). Solo el CNI-CCN gestionará más de 381 millones de euros, lo que equivale al 32,93% del total.

Por su parte, el Ministerio del Interior contará con 189 millones de euros (16,34%), y la Agencia Estatal de Administración Digital dispondrá de 178 millones (15,39%). El Ministerio para la Transformación Digital, a través de sus distintas entidades —incluyendo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (2,86%) y Red.es (3,79%)—, ejecutará cerca del 22% de la inversión.

El Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, gestionará un 1,2% del total, equivalente a casi 14 millones de euros.