La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una consulta pública en la que propone desregular completamente el mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas.
Este mercado, que regula las condiciones de acceso a la red de telefonía fija para los operadores alternativos a Telefónica, lleva varios años a la baja y su situación actual no requiere de una regulación estricta, especialmente con el cierre de las centrales de cobre de Telefónica.
En este sentido, la normativa actual establece que cuando un operador alternativo quiere ofrecer el servicio de telefonía fija a través de la red de cobre (no con banda ancha) recurren al mercado de acceso y originación fija cuando no tienen acceso directo al cliente y Telefónica está obligada a dar este acceso siguiendo las normas de la oferta mayorista AMLT.
En este contexto, el número de líneas de telefonía fija con internet es cada vez más grande, pero al mismo tiempo son cada vez menos los hogares que contratan servicios de telefonía fija con una caída constante en este mercado año a año.
La modernización de las redes de telecomunicaciones en España permite que cualquier operador puedan ofrecer servicios de telefonía fija empaquetado con banda ancha a través de redes de fibra, ya sea con accesos propios o con servicios mayoristas NEBA, o incluso a través de las redes móviles, lo que se conoce como acceso fijo radio. Todo esto ha provocado que el mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas ya «no se caracterice por elevadas barreras a la entrada».
El mercado es competitivo
Los informes de la CNMC establecen que «el mercado ya tiende por sí mismo a la competencia efectiva» y la normativa sectorial de comunicaciones y el derecho de la competencia y son «suficientes garantías para que el mercado se desarrolle de forma competitiva».
Ante esta situación, la CNMC insta a desregular el mercado y levantar las obligaciones a las que está sujeta Telefónica en un plazo de seis meses desde la aprobación de la medida definitiva, aunque el regulador va a esperar al proceso de consulta pública que estará abierto durante un mes para recabar la opinión de organismos, operadores de comunicaciones electrónicas o asociaciones sectoriales, entre otros.
